Extraido de:
GUÍA DEL PATRIMONIO NATURAL DE ALMERÍA / 6. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ENTORNO NATURAL DE ALMERÍA Y SU INTERACCIÓN CON EL SISTEMA HUMANO Y ECONÓMICO MÁS INMEDIATO / La No Ordenación del Territorio
La última década se ha caracterizado en Almería por una profunda transformación de los usos del suelo. La falta de lugares donde urbanizar dentro del ámbito del litoral mediterráneo español, esquilmados ambientalmente ante el desarrollismo a ultranza que caracterizó las décadas de los sesenta, setenta y principios de los ochenta, convirtió al Sudeste peninsular en una auténtica ambrosía para multitud de especuladores de diversa índole.
Durante el último lustro, grandes extensiones de la costa almeriense han apostado por un modelo de turismo en decadencia como el de Sol y Playa, sin tener en cuenta los valores ambientales y etnográficos de la zona y transformando el litoral en una masa amorfa de hoteles, apartamentos y “duplex” y “triples” adosados a verdes campos de golf regados con la poca agua que existe en estas zonas para el abastecimiento humano y la agricultura, en un área subdesértica y transformando drásticamente un paisaje único en Europa –como la Rambla de Macenas donde se encuentran especies catalogadas en peligro de extinción en predios públicos. Lo conocido internacionalmente hasta tiene un nombre que es “la política del ladrillo”.
Amplias zonas del litoral almeriense y del bajo y medio Almanzora han sido testigos directos de un crecimiento inaudito del ladrillo. Cabe destacar que los Ayuntamientos en este país tienen potestad casi ilimitada en cuanto a la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana. Estos “Reinos de Taifas” fueron soslayados en la mayor parte de la Unión Europea, precisamente, porque la Ordenación del Territorio es una premisa esencial a la hora de elaborar planes de desarrollo local o comarcal. No es de recibo que Ayuntamientos como los de Vera o Cuevas del Almanzora en el “levante almeriense” apuesten por una recalificación de terrenos urbanos que superan el 80% de su superficie en ambos casos, sin entrar en detalles sobre los residuos radioactivos del accidente de Palomares que aún están en fase de estudio. Tampoco lo es en el “poniente almeriense” que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar decida construir sobre los acantilados protegidos que rodean la pedanía de Aguadulce... pero se hace y cualquier persona puede comprobarlo.
Tampoco se ha intervenido correctamente en ciertos LIC, permitiendo los mayores desmontes, dentro del ámbito de la Unión Europea, en los Altos de El Alquián que aún se encuentran en los Juzgados.
La Ley de Ordenación del Territorio Andaluz establece unos límites para el crecimiento de los Ayuntamientos según la población censada y dentro de unos plazos delimitados en tiempo y forma. Sin embargo la connivencia entre Junta de Andalucía, Ayuntamientos y promotoras es un hecho constatable. En 2008 el Ministerio Fiscal de Almería denunciaba públicamente estas actuaciones presuntamente ilegales, ante el abucheo mediático de los mencionados en el párrafo anterior. Es obvio que nuestra jurisprudencia necesita urgentemente de una Ley de Financiación de Partidos Políticos…
Cuando en los setenta se construye la Central Térmica de Endesa en Carboneras, no es un hecho fortuito. Dicha empresa buscó los lugares más despoblados del Mediterráneo para situar unas instalaciones que, actualmente, son las responsables de más del 14% de emisiones de “gases invernadero” en Andalucía y que pretenden ampliarse hoy en día.
Los responsables políticos del Ayuntamiento de Carboneras, junto con los de la Junta que dieron lugar a la construcción del hotel de El Algarrobico, de la falsificación de planos oficiales, incluso contestados por el Defensor del Pueblo Andaluz, de relaciones y plataformas de apoyo abierto a la empresa constructora –donde el hotel es sólo la punta de un iceberg- no deberían cargar más tinta con algo conocido internacionalmente, sopesado por diversos tribunales de justicia, donde un Juez llega a interpretar como prevaricación algunas de las actuaciones en estos hechos.
Carboneras, como muchos otros pueblos de Almería se siente “incómodo” ante estas situaciones, pero ante la ilegalidad sólo basta reestablecer la legalidad y dicho hotel tendrá que ser demolido tal y como se comprometió el actual presidente de la Junta.
En el bajo y medio Almanzora, diversos Ayuntamientos han y están permitiendo la construcción de urbanizaciones manifiestamente ilegales, que fueron visitadas a finales de 2007 por responsables de la Comisión Europea de Medio Ambiente. Los responsables andaluces de la Junta, no sólo han defendido la situación, sino que pretenden legalizar lo ilegal.
Si se pretenden conservar los criterios que marcan la coherencia en un Estado de Derecho, debemos exigir a la clase política que cumpla con los principios de honradez, responsabilidad, integridad, templanza, prudencia y valentía. Que se adapten a ellos y quien no sepa interpretarlos se plantee seriamente el abandonar algo que desconoce.
A la magistratura sólo convidarlos a investigar a través de sus propios cauces que, aunque a veces parcos, son muy superiores a las de otras Democracias. Potenciar a la Fiscalía de Medioambiente y a la de Anticorrupción… Almería lo necesita.
GUÍA DEL PATRIMONIO NATURAL DE ALMERÍA / 6. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL ENTORNO NATURAL DE ALMERÍA Y SU INTERACCIÓN CON EL SISTEMA HUMANO Y ECONÓMICO MÁS INMEDIATO / La No Ordenación del Territorio
La última década se ha caracterizado en Almería por una profunda transformación de los usos del suelo. La falta de lugares donde urbanizar dentro del ámbito del litoral mediterráneo español, esquilmados ambientalmente ante el desarrollismo a ultranza que caracterizó las décadas de los sesenta, setenta y principios de los ochenta, convirtió al Sudeste peninsular en una auténtica ambrosía para multitud de especuladores de diversa índole.
Durante el último lustro, grandes extensiones de la costa almeriense han apostado por un modelo de turismo en decadencia como el de Sol y Playa, sin tener en cuenta los valores ambientales y etnográficos de la zona y transformando el litoral en una masa amorfa de hoteles, apartamentos y “duplex” y “triples” adosados a verdes campos de golf regados con la poca agua que existe en estas zonas para el abastecimiento humano y la agricultura, en un área subdesértica y transformando drásticamente un paisaje único en Europa –como la Rambla de Macenas donde se encuentran especies catalogadas en peligro de extinción en predios públicos. Lo conocido internacionalmente hasta tiene un nombre que es “la política del ladrillo”.
Amplias zonas del litoral almeriense y del bajo y medio Almanzora han sido testigos directos de un crecimiento inaudito del ladrillo. Cabe destacar que los Ayuntamientos en este país tienen potestad casi ilimitada en cuanto a la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana. Estos “Reinos de Taifas” fueron soslayados en la mayor parte de la Unión Europea, precisamente, porque la Ordenación del Territorio es una premisa esencial a la hora de elaborar planes de desarrollo local o comarcal. No es de recibo que Ayuntamientos como los de Vera o Cuevas del Almanzora en el “levante almeriense” apuesten por una recalificación de terrenos urbanos que superan el 80% de su superficie en ambos casos, sin entrar en detalles sobre los residuos radioactivos del accidente de Palomares que aún están en fase de estudio. Tampoco lo es en el “poniente almeriense” que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar decida construir sobre los acantilados protegidos que rodean la pedanía de Aguadulce... pero se hace y cualquier persona puede comprobarlo.
Tampoco se ha intervenido correctamente en ciertos LIC, permitiendo los mayores desmontes, dentro del ámbito de la Unión Europea, en los Altos de El Alquián que aún se encuentran en los Juzgados.
La Ley de Ordenación del Territorio Andaluz establece unos límites para el crecimiento de los Ayuntamientos según la población censada y dentro de unos plazos delimitados en tiempo y forma. Sin embargo la connivencia entre Junta de Andalucía, Ayuntamientos y promotoras es un hecho constatable. En 2008 el Ministerio Fiscal de Almería denunciaba públicamente estas actuaciones presuntamente ilegales, ante el abucheo mediático de los mencionados en el párrafo anterior. Es obvio que nuestra jurisprudencia necesita urgentemente de una Ley de Financiación de Partidos Políticos…
Cuando en los setenta se construye la Central Térmica de Endesa en Carboneras, no es un hecho fortuito. Dicha empresa buscó los lugares más despoblados del Mediterráneo para situar unas instalaciones que, actualmente, son las responsables de más del 14% de emisiones de “gases invernadero” en Andalucía y que pretenden ampliarse hoy en día.
Los responsables políticos del Ayuntamiento de Carboneras, junto con los de la Junta que dieron lugar a la construcción del hotel de El Algarrobico, de la falsificación de planos oficiales, incluso contestados por el Defensor del Pueblo Andaluz, de relaciones y plataformas de apoyo abierto a la empresa constructora –donde el hotel es sólo la punta de un iceberg- no deberían cargar más tinta con algo conocido internacionalmente, sopesado por diversos tribunales de justicia, donde un Juez llega a interpretar como prevaricación algunas de las actuaciones en estos hechos.
Carboneras, como muchos otros pueblos de Almería se siente “incómodo” ante estas situaciones, pero ante la ilegalidad sólo basta reestablecer la legalidad y dicho hotel tendrá que ser demolido tal y como se comprometió el actual presidente de la Junta.
En el bajo y medio Almanzora, diversos Ayuntamientos han y están permitiendo la construcción de urbanizaciones manifiestamente ilegales, que fueron visitadas a finales de 2007 por responsables de la Comisión Europea de Medio Ambiente. Los responsables andaluces de la Junta, no sólo han defendido la situación, sino que pretenden legalizar lo ilegal.
Si se pretenden conservar los criterios que marcan la coherencia en un Estado de Derecho, debemos exigir a la clase política que cumpla con los principios de honradez, responsabilidad, integridad, templanza, prudencia y valentía. Que se adapten a ellos y quien no sepa interpretarlos se plantee seriamente el abandonar algo que desconoce.
A la magistratura sólo convidarlos a investigar a través de sus propios cauces que, aunque a veces parcos, son muy superiores a las de otras Democracias. Potenciar a la Fiscalía de Medioambiente y a la de Anticorrupción… Almería lo necesita.
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